Margarita Amaya, profesional de la Línea de Transporte Eficiente de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) y socia de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte (Sochitran)
Con la crisis climática pisándonos los talones, el Gobierno de Chile se ha propuesto recientemente adelantar la meta de que el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos sean eléctricos al 2035.
Y si bien la transformación más urgente y eficiente no es el recambio tecnológico -antes es urgente un cambio modal, o un rediseño de la matriz productiva, y consecuentemente, de las necesidades de movilidad, entre muchas otras soluciones-, lo cierto es que la transformación desde un parque automotriz con motores de combustión interna a uno con motores eléctricos sigue siendo esencial para alcanzar un transporte cero emisiones. Esto es particularmente relevante para flotas de uso intensivo, como las que operan los sistemas de transporte público, las empleadas por instituciones del Estado, o las que distribuyen bienes y servicios básicos. En este contexto, la provisión de infraestructura de carga pública para vehículos eléctricos será tan imprescindible para brindar energía a estas flotas como lo son, hoy en día, las estaciones de distribución de combustible.
Por supuesto, en el contexto actual, entre las múltiples urgencias que enfrenta nuestro país en lo político y social, esta problemática podría catalogarse -en el clásico meme- como “problemas de primer mundo”. Es decir, fuera de las prioridades a abordar en el corto plazo. Sin embargo, la irrupción de cargadores de vehículos eléctricos ya comenzó a observarse y distribuirse de manera no homogénea en el territorio nacional. Esta infraestructura se asocia a importantes costos de inversión y utiliza el espacio público, por lo que compite con otros posibles usos. Que la provisión de esta infraestructura ocurra en la cantidad, momento y tipo necesario, es un problema para el cual no existe evidencia suficiente en el contexto del sur global, que permita respaldar una respuesta con un grado de certeza mínima. Sin embargo, los desafíos ambientales nos urgen a tomar decisiones en base a la información disponible.
En Chile, el Estado participa en la toma de decisiones respecto de la instalación de infraestructura de carga a través de los municipios, que son quienes poseen la facultad de permitir -o no- su instalación en el espacio público. En este sentido, que la instalación de cargadores siga los lineamientos de política pública, y a la vez, siga principios como el de la equidad, competencia, descentralización, priorización de modos sustentables y seguridad, muestran que este problema es un desafío de carácter mayor para los municipios. Especialmente, si se considera la disparidad de recursos monetarios y humanos que presentan los municipios a lo largo y ancho de nuestro país.
En un esfuerzo por abordar con evidencia e información los desafíos de la provisión de infraestructura de carga pública, la Agencia de Sostenibilidad Energética -con el apoyo del Ministerio de Energía-, ha realizado dos estudios para la comprensión del problema. El primero, un estudio de diagnóstico denominado “Barreras para la infraestructura de carga pública de vehículos eléctricos en Chile”, que resume en ocho barreras las diversas dificultades de instalación de esta infraestructura que han sido observadas en diferentes grados en varias de las comunas del país. El segundo, se trata de un estudio que sigue el formato de una guía de apoyo de corto plazo -a 3 años- denominada “Guía para la Infraestructura de carga Pública”. Este documento, en lenguaje simple y directo, se dirige principalmente a instituciones del Estado, tales como ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, entre otros, para orientar la toma de decisiones relacionada a la infraestructura de carga pública. La guía se enmarca en principios que se desprenden de diversas políticas públicas que se explicitan en el documento, y responde conceptualmente a cuatro preguntas sobre infraestructura de carga pública: ¿cuándo (instalarla)?, ¿dónde (instalarla)?, ¿de qué tipo (de infraestructura de carga se requiere)?, y ¿cuánto(s) (cargadores se requiere)?
Aunque la instalación de infraestructura de carga pública no sea la problemática país más importante en este momento, es una falsa dicotomía que no se puede conducir su desarrollo en armonía con el espacio público. Su despliegue está ocurriendo de todos modos, y depende de la fortaleza de la institucionalidad que su implementación no se oriente únicamente por la fuerza del mercado, sino que ocurra siguiendo las políticas a nivel país. Para esto, se requiere que todas las instituciones involucradas cuenten con la evidencia disponible e información oportuna para la toma de decisiones. Así, invito a quienes forman parte de la institucionalidad y actores interesados, a leer ambas guías (en particular la segunda), disponibles en el sitio www.ecomovilidad.cl/publicaciones.
Fuente: Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte (Sochitran)