Por Pablo Salazar, jefe de Proyecto de Mi Bici Eléctrica del Área de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde de la AgenciaSE.
En la última década, Santiago ha experimentado un crecimiento explosivo en la industria del delivery, impulsado por la irrupción de plataformas digitales como Uber, PedidosYa, Rappi y Justo. Este fenómeno ha transformado la forma en que los habitantes de la capital acceden a bienes y servicios, consolidando a la micromovilidad como una pieza clave de la economía urbana. Entre las herramientas preferidas por las y los repartidores destacan los vehículos de dos ruedas, como bicicletas, motocicletas y motos mosquito. Sin embargo, esta última opción, conocida por sus emisiones contaminantes y ruidos penetrantes, ha encendido las alarmas debido a sus impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudad.
Financiar la micromovilidad: una prioridad para un futuro sostenible
El acceso a la micromovilidad sostenible, específicamente a bicicletas eléctricas (BE), representa una solución viable para transformar el sector del delivery. Sin embargo, el costo inicial elevado de estas bicicletas, en comparación con las motos mosquito, dificulta su adopción por parte de las y los repartidores, un segmento caracterizado por ingresos variables y limitados.
Programas como el piloto Mi Bici Eléctrica, desarrollado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), han demostrado que el cofinanciamiento puede ser una herramienta eficaz para facilitar la transición hacia la electromovilidad. Desde la experiencia de los pilotos ejecutados en 2023 y 2024, observamos en las y los repartidores que se subieron a la BE un ahorro mensual significativo, pasando de un gasto mensual promedio de $54.000 por mezcla de combustible a $2.500 por carga de baterías; es decir, unos $618.000 ahorrados al año.
El financiamiento adecuado no solo debe limitarse a la adquisición de BE. También es fundamental abordar la falta de infraestructura urbana para ciclovías seguras, estaciones de carga y estacionamientos adecuados, elementos esenciales para fomentar una adopción masiva y segura de estas tecnologías.
Asimismo, es crucial que la banca se sume activamente a este esfuerzo, diseñando productos financieros específicos y accesibles para el segmento de repartidoras/es. Esto podría incluir líneas de crédito preferenciales, microfinanciamiento o leasing de BE, contribuyendo a derribar barreras económicas y facilitando la transición hacia una micromovilidad sostenible.
Regulación para una movilidad urbana inclusiva y segura
El marco regulatorio en Chile necesita adaptarse a los desafíos y las oportunidades de la micromovilidad. La Ley de Tránsito, que define a las BE como ciclos, establece límites de velocidad y potencia para garantizar su seguridad, pero necesita una fiscalización más efectiva frente a la proliferación de motos mosquito, cuya comercialización es ilegal, pero su uso persiste.
La actualización de las regulaciones debe incluir la homologación de BE, la certificación de estaciones de carga, la reevaluación de las potencias máximas permitidas, así como la eliminación de barreras que dificulten la adopción de la movilidad sostenible. Además, la colaboración entre el sector público y privado será clave para establecer estándares que garanticen tanto la seguridad vial como la convivencia entre distintos modos de transporte.
Conclusión: un modelo de movilidad con impacto integral
La micromovilidad eléctrica no es solo una herramienta para el trabajo, sino también una solución integral que responde a desafíos económicos, sociales y ambientales. Desde una perspectiva económica, las BE representan una reducción significativa en los costos operativos para las y los repartidores y las personas, mejorando sus traslados, calidad de vida y opciones de generar ingresos.
En el ámbito social, las BE fomentan la inclusión laboral en la economía colaborativa, proporcionando una opción accesible para miles de trabajadoras/es, especialmente migrantes, quienes enfrentan barreras en el mercado laboral tradicional. Desde una perspectiva ambiental, la electromovilidad contribuye a la reducción de la contaminación del aire y los ruidos urbanos, mejorando la salud pública y la habitabilidad de las ciudades.
Finalmente, las BE promueven estilos de vida saludables y activos, tanto para las y los repartidores como para la comunidad, al reducir la dependencia de vehículos contaminantes y fomentar el uso de tecnologías limpias. Santiago tiene la oportunidad de posicionarse como un referente en micromovilidad sostenible, demostrando que un modelo urbano inclusivo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente es posible. Apostar por la micromovilidad eléctrica no solo es una decisión estratégica, sino también un compromiso con el bienestar de sus habitantes y el futuro del planeta. La banca, al facilitar el acceso a esta tecnología, puede desempeñar un rol clave en la construcción de este modelo urbano sostenible y equitativo.